El Tribunal Supremo ha dictado Sentencia que crea jurisprudencia estableciendo que la expulsión de España de un ciudadano extranjero por vía administrativa como consecuencia de una condena penal solo es procedente cuando la pena mínima prevista en el Código Penal para el delito por el que ha sido condenado sea superior a un año de prisión.

El Supremo se pronuncia como consecuencia de las distintas sentencias contradictorias vertidas por los Tribunales Superiores de Justicia y determina la interpretación que ha de darse a la Ley Orgánica sobre los Derechos y Libertades de los extranjeros en España, en lo relacionado a su expulsión.

El Alto Tribunal entiende que la pena a la que se refiere la Ley es la prevista en abstracto en el Código Penal para el delito cometido, y no la pena concreta impuesta al afectado en sentencia, indicando que la referencia a la pena superior a un año, debe interpretarse como la pena mínima que recoja el Código para cada delito.

Fuente: Noticiasjuridicas.com