Al volante, es habitual cruzarse con señales que advierten sobre el peligro de la presencia de animales en la calzada. No obstante y curiosamente, son indicaciones que pasan generalmente desapercibidas, pues consideramos que la aparición de un animal en el camino es harto improbable.

Sin embargo y en vista de los datos de la Dirección General de Tráfico, la irrupción en la calzada de animales, tanto silvestres como domésticos y domesticados, constituye una causa frecuente de accidentes de circulación, con todas las consecuencias que esto conlleva, en cuanto a daños materiales, lesiones o muerte de personas.

Así las cosas y a modo ilustrativo, la irrupción de animales en la calzada, provocó más de 17.000 accidentes de tráfico en 2011; en más de 650 de ellos se registraron víctimas, con un balance de diez personas fallecidas y 84 heridos graves. Según los mismos datos de la DGT, en 2012 se produjeron 484 siniestros con víctimas por el atropello de animales, en los que cuatro personas murieron, 51 resultaron heridas graves y 586 heridas leves.

Al hilo de lo anterior, debemos remarcar que recoge el citado organismo en sus estadísticas que en los casi 140.000 kilómetros de carreteras que integran la red viaria española, se recogen unos 1.000 animales diarios de todo tipo. Por comunidades autónomas, Castilla y León (con un 36% sobre el total de accidentes) y Galicia (con el 18%) son las que registran mayor incidencia. Entre los animales silvestres, jabalíes (involucrado en el 31% de los accidentes) y corzos son los que mayor número de accidentes provocan. Y en cuanto a los domésticos, los perros (que intervienen en el 23,7% de los siniestros) son los que aparecen más frecuentemente, sobre todo los abandonados.

Para finalizar con el apunte estadístico, según registros oficiales, en España hay cerca de 50.000 cotos de caza privados.

Desde el punto de vista de la responsabilidad civil, en el caso de los animales domésticos, la cuestión parece presentar pocas dificultades: su dueño o poseedor, responde de los daños causados, bajo criterios que se aproximan mucho a los de un supuesto de responsabilidad objetiva, que viene consagrado legalmente en el artículo 1905 del Código Civil.

El principal problema práctico que presenta en ocasiones esta responsabilidad, radica en la identificación del poseedor, si bien en los últimos tiempos dicho inconveniente se ha visto resuelto con la generalización del registro de dichos animales mediante microchip identificativo, a través del cual se pueden obtener los datos del animal y de su dueño.

En el caso de las especies silvestres, la imputación de los daños causados se complica, siendo que podemos comprobar la existencia de una evolución legislativa constante sobre la materia, motivada por los continuos matices jurisprudenciales, lo que en determinados momentos contribuyó a generar una situación de confusión e inseguridad jurídica.

Paliar la referida circunstancia, era el objetivo de la última redacción de la disposición adicional 9ª del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, tras la Ley 6/2014, texto que mantuvo intacta la Disposición Adicional 7ª del Texto Refundido que fue aprobado por Real Decreto Legislativo 6/1015, de 30 de octubre.

La norma vigente en la actualidad, recoge lo siguiente:

“Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas.

En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será    responsable de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el    valor de los animales que irrumpan en aquellas.

No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o,             en su defecto, el propietario del terreno, cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una             acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido             doce horas antes de aquel.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como    consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la      señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con            los mismos.»

En resumidas cuentas, el citado precepto viene a determinar que el conductor del vehículo será siempre responsable, frente a sí mismo y frente a los ocupantes del vehículo, salvo que directamente se produzca la irrupción del animal durante una acción de caza, o si la Administración encargada del cuidado de la vía, una vez advertida, no ha reparado su cerramiento o no ha señalizado el peligro por animales sueltos.

Comprobamos por tanto, que frente a la regla general, sólo hay dos supuestos excepcionales en los que cabe atribuir la responsabilidad del accidente al titular del aprovechamiento cinegético o en último caso al titular de la vía.

Respecto al primero, el caso de que el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza. Lo cierto es que una simple lectura del precepto nos lleva a la conclusión de que este caso excepcional aparece tan cargado de requisitos legales y condiciones, que difícilmente podrá encontrar una verdadera aplicación práctica.

En cuanto al segundo, no menos complicado será demostrar algo así como, “una suerte de dolo eventual por parte de la Administración”.

Por todo ello y tras el estudio de la norma, nos surgen dudas sobre si ésta, sufrirá la misma suerte que sus antecesoras y finalmente acabará siendo “matizada” por la jurisprudencia, pues llegamos a la conclusión de que el precepto no busca tanto imputar la responsabilidad a los conductores de los vehículos, sino exonerar de la misma a los titulares de las explotaciones cinegéticas.

A mayor abundamiento, cabe plantearse si el texto de la regulación que en esta materia introduce la Ley 6/2014, infringe los principios que sustentan nuestro sistema de responsabilidad civil, pues no respeta ni las reglas generales de la imputación, ni las reglas de la causalidad, ni las que presiden la reparación del daño; toda vez que con la finalidad de exonerar a los titulares de los cotos de caza, se imputa la responsabilidad, a quien no causa el daño, sino a quien lo padece, a quien no crea el riesgo, sino que es víctima del mismo, al margen absolutamente de su conducta diligente o negligente.

María Sánchez Carrasco

Abogado

Oficina de Barcelona

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