ARTÍCULO DE OPINIÓN: El régimen de visitas: ¿puedo obligar a mi hijo a que lo cumpla?. Problemas en la aplicación del régimen de visitas y responsabilidad del progenitor custodio - Abbantia Law Firm

 

Tras el divorcio o la separación comienza una nueva etapa familiar en la que se hace imprescindible la colaboración de ambos progenitores para que el cambio no perjudique a los hijos o, al menos, les afecte lo menos posible. Desafortunadamente, en numerosas ocasiones la transición a la nueva situación no es asumida por los padres con la madurez y el sentido común que se debiera, sucediendo a veces que los menores oyen  las quejas del padre o de la madre sobre el comportamiento del otro, llegándose incluso al temido “síndrome de alienación parental” en el que se llega a “envenenar” a los hijos en contra del padre o de la madre. Esta conducta reprobable se produce, con mayor o menor intensidad, en un número excesivo de casos en los que queda patente que los celos, la rabia y el rencor predominan frente a la sensatez y al amor hacia los hijos. De hecho, una de sus manifestaciones más comunes es aquélla en la que el titular de la guarda y custodia convence a su hijo menor de edad para que no vea al otro progenitor, se niegue a hablar con él por teléfono e invente múltiples excusas, a cada cual menos imaginativa, para no disfrutar los fines de semana con dicho progenitor. Esta conducta debe ser sancionada en todo caso por el juzgado que, habitualmente, ante supuestos evidentes, procede incluso a imponer multas coercitivas al progenitor custodio para que cumpla con su obligación y entregue al menor al otro. Si esta conducta persiste, puede además procederse a una modificación de medidas en la que se conceda la guarda y custodia al otro progenitor pues no podemos olvidar que entre las obligaciones del progenitor custodio se encuentra la de promover la relación de su hijo con su padre o madre. Por desgracia, estos procesos son más lentos de lo que se quisiera, sobre todo cuando ha de acudirse a un juzgado que no está especializado en materia de familia o que se encuentra muy colapsado, y no siempre se obtiene el resultado deseado. Para evitar que el esfuerzo sea en vano habrá de aportarse al proceso todas las pruebas de que se dispongan (conversaciones de whattsapp, grabaciones, correos electrónicos, testigos, informes de detectives privados, informes del Equipo Psicosocial, etc…) pues en la práctica será necesario que el progenitor perjudicado demuestre no sólo que las visitas no se producen sino que ello ocurre de forma reiterada y que es el progenitor custodio el que alienta la conducta del menor.

En otras ocasiones el rechazo del menor a estar con el progenitor no custodio no se fundamenta en la influencia que el otro progenitor ejerce sobre él sino en otras circunstancias (etapas del menor en las que está más rebelde, llegada a la adolescencia y deseo de estar más tiempo con los amigos que con la familia, etc..) o en la propia conducta del progenitor no custodio (cuando no ha tenido relación con él anteriormente, no le ha prestado atención, se aburre con él, es demasiado autoritario, etc…), pues es comprensible que un niño que no ha visto a su padre durante años pueda mostrarse reticente a tener un acercamiento o, si en el pasado vivió situaciones violentas o difíciles, será más complicado que quiera perdonar o dar una segunda oportunidad a su progenitor, debiéndose adaptar el cumplimiento del régimen de visitas a las circunstancias existentes en cada caso y, en todo momento, el juez habrá de velar por el interés del menor, por encima del derecho del progenitor a relacionarse con su hijo. Para ello pueden establecerse regímenes progresivos de visitas o recomendarse la intervención de psicólogos o terapeutas, entre otras medidas, pues en situaciones así la mera imposición del régimen de visitas no suele ser recomendable ni efectiva.

La regla general es que el cumplimiento del régimen de visitas no puede condicionarse a la mera voluntad de un menor que aún no tiene capacidad racional suficiente para decidir sobre una cuestión de esta relevancia por lo que la negativa injustificada (y a veces chantajista) de un niño o un adolescente no puede ser respaldada por el progenitor custodio y, si esto sucede, será el juez quien tome las medidas oportunas. En más de una ocasión algún cliente preocupado me ha preguntado si la opinión del niño importa, a lo que siempre responde que, si bien el menor cuando cumple los doce años tiene derecho a ser oído por el juez, esto no implica automáticamente que la voluntad del menor sea vinculante, pudiendo el juzgador adoptar una decisión distinta en base a otras manifestaciones, pruebas e informes.

En los supuestos en los que existe una causa evidente o grave que origine la negativa en el menor puede resultar más sencillo para el juzgador adoptar una decisión pero ¿qué sucede cuando el motivo es que el menor es adolescente y se niega sin más a cumplir con el régimen de visitas o alega que prefiere estar con amigos? ¿puede o debe obligarse a un menor de 15, 16 o 17 años a que vea a su padre o a su madre en los días y horas prefijados por el juzgado? Mi recomendación profesional para estos supuestos es siempre intentar alcanzar una solución negociada con el menor y, si el régimen de visitas es demasiado rígido o se fijó cuando el menor tenía corta edad, lo más conveniente sería modificarlo adaptándolo a las nuevas circunstancias (clases extraescolares, estudio, salidas del menor con sus amigos, etc…), siendo incluso en ocasiones conveniente que la custodia monoparental se convierta en custodia compartida para que cada progenitor conviva de forma diaria con el menor, pudiendo éste disponer de sus fines de semana para que durante los mismos pueda desarrollar actividades de ocio propias de su edad. Si esta opción no fuese posible y el menor no atendiese a razones, la vía que le quedaría al progenitor sería acudir a la ejecución judicial aunque en esos procesos los jueces sí suelen tener muy en cuenta la opinión de los menores con más de 15 años pues no podemos olvidar que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, los menores pueden emanciparse a partir de los 16 años. De hecho, si no hay un comportamiento sancionable por parte del progenitor custodio y es el menor el que se niega sin más… resulta complicado e incluso contraproducente imponer multas pecuniarias (el menor probablemente no tenga ingresos propios y no tendría sentido sancionar al progenitor custodio que actúa de forma responsable), modificar la custodia contra su voluntad o acudir a otras opciones más radicales. Además, ¿qué sentido tiene a nivel educativo o afectivo imponer por la vía judicial una relación que debe forjarse en el ámbito familiar o, en todo caso, con la ayuda de profesionales (terapeutas, psicólogos…)? Esta situación es sin duda complicada y no siempre puede esperarse que el juez proporcione una solución milagrosa. Cada supuesto será distinto y en función del mismo habrán de adoptarse una u otras medidas. Por ello, resulta esencial tener en cuenta las particularidades de cada menor y de cada familia a la hora de realizar un convenio tras la ruptura o en un proceso de modificación de medidas, sin acudir a formularios impersonales que, en el futuro, provocarán más problemas que soluciones. No podemos olvidar que estamos ante una rama del Derecho particularmente delicada en la que la rigidez normativa y procesal son, junto con las emociones, los principales obstáculos que se han de superar para alcanzar la mejor solución posible para una familia que comienza una nueva etapa.

Rocío Isabel Cera López

Abogada

Oficina de Sevilla

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