La sentencia del TC del 15 de junio de 2017 determina que no haya norma en vigor para realizar liquidaciones por los ayuntamientos o liquidaciones por los sujetos pasivos de este tributo, queda a expensas del futuro desarrollo normativo con rango de ley.

La plusvalía municipal, denominada Impuesto Municipal del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IMIVTNU) ha sido objeto sendos artículos como consecuencia de  las sentencias que el Tribunal Constitucional ha dictado sobre la materia y que viene a culminar con la de 11 de mayo de 2017 (BOE 15/6/2017) que declara inconstitucionales los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

El cálculo que hasta la fecha se venía haciendo de la plusvalía se basa en el el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 años. Los dos elementos que se tienen que tener en cuenta para calcular la base imponible son: el valor del terreno y el porcentaje de incremento.

Esta regulación del impuesto sobre la plusvalía, además, no admite prueba en contrario a esa presunción de que la sola titularidad del bien y el transcurso del tiempo lo han revalorizado.

Entiende el Tribunal que dicha determinación vulnera el principio constitucional de “capacidad económica” en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino que nace con la transmisión, sea por el título que sea, y por la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo.

Si bien la inconstitucionalidad declarada es parcial, esto es del art. 107, apartado 1 y la letra a) del apartado 2, debe extenderse a todos los supuestos constitutivos del hecho imponible en orden a la determinación de su base imponible, determinación que – evidentemente -queda vacía de contenido.

Y es que la sentencia del alto Tribunal con efectos desde el 16 de junio de 2017 implica que  no haya norma en vigor para realizar liquidaciones por los ayuntamientos o liquidaciones por los sujetos pasivos de este tributo por que las referidas normas sobre la determinación de la base imponible han sido expulsadas del ordenamiento jurídico. Siendo esto así,  la determinación de si hay o no i incremento de valor queda a expensas de desarrollo normativo con rango de ley.

Las Haciendas Forales, en concreto, la Diputación foral de Gipuzkoa y la de Álava ya han  publicado sendos decretos. Según estas nuevas normas, el valor de referencia para determinar si existe o no plusvalía es el valor real de compra-venta correspondiente al valor del terreno. Existirá incremento de valor de los terrenos cuando el precio de transmisión sea superior al de adquisición. En el supuesto de que exista incremento de valor de los terrenos se procederá a determinar la base imponible y la cuota tributaria del impuesto  de acuerdo con la formula anterior y con independencia del saldo que la diferencia entre la compra y la venta arroje.

No parece tan adecuada la solución en caso de transmisiones mortis causa o en los supuestos en los que entre la fechas de adquisición y transmisión el tiempo transcurrido desvirtúe la validez de una simple comparación de cantidades. La norma no se pronuncia a este respecto.

Mientras en el mercado existe la incertidumbre que genera la inconstitucionalidad de la norma. Son varias las voces que afirman que al no formar parte la norma desde la publicación de la sentencia del ordenamiento jurídico, no pueden aplicarse ni por los ayuntamientos ni por los sujetos pasivos, sea el régimen de liquidación o de autoliquidación.

A todo esto se le une la redacción de la Ley 16/2012 que reinstaura desde el 1 de enero de 2013, el llamado “cierre registral” si no se acredita el pago o declaración de la citada plusvalía.

La práctica es que los ayuntamientos siguen liquidando el impuesto en base a un artículo que ha sido declarado inconstitucional y que sin el pago del impuesto las escrituras de transmisión de bienes inmuebles no tienen acceso al registro de la propiedad. Una bonita encrucijada.

María Zabala Landa

Abogada Socia

Oficina de Bilbao

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